ADEERA pide garantías por los contratos vigentes con las distribuidoras

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ADEERA pide garantías por los contratos vigentes con las distribuidoras
 
 
Las empresas concesionarias del servicio de distribución domiciliaria de electricidad nucleadas en la asociación ADEERA, plantearon (al gobierno) que en el actual contexto (de emergencia por la pandemia) "ahora mas que nunca se requiere garantizar el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria".

24/07/2020
 
 La entidad empresaria emitió un comunicado en el marco de los cuestionamientos formulados en las últimas semanas a algunas licenciatarias, en particular a Edesur, por parte de varios intendentes del sur del Gran Buenos Aires, debido a deficiencias en el servicio de suministro de electricidad.
 
Incluso, trascendió que pedirían al Ente Regulador ENRE considerar un quite de la concesión.
 
El comunicado de ADEERA no menciona casos específicos y el texto alude a que "las empresas distribuidoras de energía eléctrica atraviesan una difícil coyuntura económica en el marco de la actual pandemia producto del COVID 19".
 
"No obstante ello, agregó ADEERA, "se activaron los protocolos de trabajo para garantizar el servicio, reafirmando el compromiso con sus usuarios y sabiendo lo esencial que resulta el servicio eléctrico para toda la sociedad". "Es por ello que la calidad del servicio eléctrico se mantiene en parámetros de eficiencia, aun en las actuales circunstancias, hecho absolutamente comprobable por los distintos organismos de control del sector", remarcó el comunicado.
 
La entidad agrega que "este escenario se sostiene a pesar de la importante caída en la recaudación de los últimos meses y de las dificultades que las actuales circunstancias producen sobre la operación del servicio". 
 
Y añade que "todo esto se ve potenciado por el hecho que las Distribuidoras tuvieron que asistir a muchos de sus usuarios, a través de planes de financiación, postergación de los cortes por falta de pago e inclusive reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios, como así también la implementación en tiempo récord de sistemas de atención virtual".
 
El párrafo precedente remite a una serie de resoluciones emitidas por el ENRE en el marco de la pandemia para garantizar la continuidad de la prestación del servicio a los usuarios durante la emergencia sanitaria.
 
Desde ADEERA se planteó en el comunicado que "resulta necesario aclarar que del importe total de las facturas de electricidad que reciben los usuarios, sólo el 30%, en promedio, corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que representa el único ingreso que reciben las Distribuidoras para operar, mantener y ampliar las redes que permiten mantener el servicio eléctrico".
 
Asimismo, las empresas señalan que "el VAD no se actualiza desde hace dos años en la mayoría de las Distribuidoras del país, ya sean estas públicas, privadas o Cooperativas, en un contexto de inflación".
 
Y añaden que "la problemática antes mencionada resulta de tal magnitud que dificulta sensiblemente la normal prestación del servicio con independencia de quien tenga a su cargo la gestión del mismo, sea éste un actor público o privado, produciéndose además graves repercusiones fiscales".
 
Las empresas puntualizaron que "en este contexto y teniendo en consideración las particulares características de esta actividad, ahora más que nunca las Distribuidoras requieren garantizar el cumplimiento de los Contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria, de tal manera de poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo".
 
A mediados de julio se conoció un duro informe de auditoría elaborado por el ENRE acerca de la forma en que se concretó, durante el gobierno anterior, la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para Edenor y Edesur, con vencimiento en 2021.
 
La tarea fue encomendada en el decreto de designación del interventor en el organismo regulador, Federico Basualdo. 
 
Fuente: Energia & Negocios