Quién es el principal candidato a conducir el Ente Nacional Regulador de la Electricidad

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Quién es el principal candidato a conducir el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
 
 
Integra el área de Economía y Tecnología de Flacso donde llevó adelante diversos análisis cuestionando la concentración de la propiedad en el sector eléctrico y la política tarifaria de Macri. Ahora será uno de los encargados de revisar las tarifas.

11/02/2020
 
Federico Basualdo es el candidato principal a encabezar el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Este sociólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, hijo del reconocido economista Eduardo Basualdo, integra el área de Economía y Tecnología de Flacso. Si finalmente se confirma su desembarco, será uno de los encargados de revisar las tarifas eléctricas, en línea con lo que anticipó Cristina Fernández de Kirchner el fin de semana desde Cuba. 
Sería la segunda vez que integre el organismo regulador. El 17 de enero de 2014 fue designado vocal primero del ENRE a través del decreto 55/2014.
Su desembarco se produjo luego de los apagones que se registraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires en diciembre de 2013. 
En respuesta a aquella crisis, Cristina Fernández de Kirchner decidió desplazar a Mario Humberto de Casas, un hombre cercano al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y en su lugar puso a Ricardo Martínez Leone, quien llegó con el respaldo del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. 
Luego de la asunción de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015, Basualdo renunció al organismo y volvió a trabajar en Flacso. Allí publicó en 2018 una detallada investigación titulada “La violación del marco regulatorio en el funcionamiento actual de la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires”, donde denunció a la empresa Desarrolladora Energética S.A. (DESA), de Rogelio Pagano, por controlar cuatro distribuidoras provinciales (Edelap, EDEN, EDEA y EDES), llegando a concentrar el 58,8 por ciento de los usuarios de energía eléctrica y el 65,2 por ciento de la energía distribuida de la provincia de Buenos Aires. “La concentración de la actividad de distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires en manos del Grupo Desa, representa una flagrante violación por parte del poder económico de la regulación neoliberal impuesta durante la década de 1990”, aseguró en ese paper. 
En los últimos años, Basualdo también escribió varios artículos sobre energía en el en el portal “El Cohete a la Luna” que dirige el periodista Horacio Verbitsky. El 4 de abril de 2019 publicó allí un artículo sobre el traspaso de Edenor y Edesur, donde subrayó que la principal condición que habían puesto las empresas para avalar esa jugada “es que les reconozcan algunas deudas del erario público por la provisión de energía en barrios carenciados, pero, fundamentalmente, que les condonen la deuda que al día de hoy mantienen con el Estado nacional”. “La negociación de los abultados compromisos con el Estado adquiere creciente centralidad en el escenario del traspaso de la concesión de Edesur y Edenor, desplazando los importantes desafíos regulatorios y administrativos que supone implementar una medida de estas características”, agregó. 
En otro artículo publicado en El Cohete a la Luna con el título “¿Dónde va la plata de la tarifa eléctrica?”, publicado el 3 de febrero de 2019, cuestionó el incremento tarifario aplicado durante el gobierno de Macri y denunció que esa mejora en los ingresos registrados por las compañías no había tenido una correlación en los niveles de inversión, principal argumento oficial para autorizar las subas. “Si tomamos la inversión realizada en conjunto por las cuatro empresas en 2015 (Edenor, Edesur, Edelap y Edea), el monto total asciende a U$S 598 millones, mientras que en 2017 la inversión total fue de U$S 489 millones”, aseguró. 
“La desregulación o, más bien, la regulación funcional de la actividad de distribución eléctrica en el AMBA y en la provincia de Buenos Aires limita la participación del Estado, nacional y provincial, a la fijación de tarifas que garantizan ganancias extraordinarias a las empresas del sector en detrimento de la calidad del servicio, la actividad económica y la economía de los hogares. Resulta evidente la necesidad un cambio de política sectorial que otorgue mayor protagonismo a la intervención estatal no sólo en la fijación de una política tarifaria acorde al crecimiento y desarrollo económico, sino también a la mejora de la calidad y la expansión del servicio”, concluyó.
 
Fuente: EconoJournal